agenda judicial

Coronavirus y judicatura Pasados varios días con los juzgados locales y federales cerrados, la pregunta inmediata es: ¿y cómo lo ha resentido la ciudadanía, qué ha hecho ante la ausencia de juzgados? Claro, los temas urgentes (así definidos por ley o por acuerdo del respectivo Consejo de la Judicatura) se siguen atendiendo, pero ¿acaso no lo es todo para los directamente afectados? La situación impuesta por esta pandemia es compleja. De pronto parece que no hay mucha necesidad de esos juzgados que suelen tardarse más de lo esperado para resolver los juicios. A menos que seas el afectado. Si alguien estaba a punto de pagar una deuda por orden de un juez, ahora tendrá tiempo de esconder sus bienes. Lo mismo si no se trata de bienes embargados. Ni se diga del patrón que revende la empresa para evitar el cobro forzoso. Los herederos o albaceas pillos tienen días de regalo para planear sus trampas. ¿Cuáles son los alcances del cierre de juzgados? Lo veremos cuando todo sea urgente. Por

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS: ESTADO Y CIUDADANÍA Ricardo Guzmán Wolffer Los infortunios de la marcha de víctimas encabezadas por personalidades, también víctimas, se acrecientan por el anuncio presidencial de no recibirlos y por los insultos recibidos por otros ciudadanos. Como si el problema de ser víctimas fuera partidista, como si hubiera una intencionalidad en tener parientes asesinados o desaparecidos o torturados por quienes debían cuidar a todos los habitantes.                 La pirámide institucional, de trato vertical por la apabullante mayoría legislativa del partido mayoritario y su cabeza real, debe cuidar de las víctimas de todos los partidos, resulten o no incómodos para la figura presidencial. La mención de que una reunión presidencial signifique un “show” resulta en sí mismo ajeno a la obligación nacional de respetar los derechos humanos.                 La firma de los tratados internacionales donde se protege a las víctimas (directas o familiares)

LA UNAM Y LA IMPUNIDAD Ricardo Guzmán Wolffer Los enfrentamientos en la UNAM, la toma de facultades y planteles de dicha casa de estudios, los “tendederos” de la universidad (pancartas y mamparas donde se publicitan los nombres de quienes son señalados como acosadores, y abusadores sexuales impunes) son una muestra más de la desconfianza en las autoridades. Una queja legítima no ha encontrado el cauce para su atención. El tribunal universitario ha sido insuficiente para atender demandas del alumnado.                 Se proponen “soluciones” judicialistas, con más aparato burocrático para “atender” las demandas contra la impunidad en las aulas: el camino se cierra más para las víctimas desconfiadas del formalismo. Ante la impunidad nacional, con un sistema penal que ha llevado a la “justicia de puerta giratoria”, el caso de la UNAM parece ser sólo uno más.                 La ineficacia universitaria para atender las quejas terminará por magnificar un reclamo que pudo atenderse a

México, el infierno inagotable del feminicidio. Las menores de edad son presas regulares. De éstas, un porcentaje ínfimo asume su transitoriedad y su calidad de próxima presa para las bestias asesinas. El derecho debe dotarlas de herramientas para sobrevivir en una sociedad donde no sólo reina la impunidad, también se dificultan los caminos para que esos menores de edad sobrevivan. La posibilidad de que la situación social modifique la psique juvenil parece no existir en las leyes mexicanas. La emancipación por necesidad de sobrevivencia debe legislarse. Sobrevivientes familiares (las precarias estadísticas formalizan el dato de que la violencia sexual es mayor dentro de los círculos familiares que afuera) y sociales, las menores de edad también deben luchar contra la ley para independizarse. Por otra parte, la minoría de edad es aprovechada para delinquir con total conciencia. Esto debería reflejarse en la codificación penal (la posibilidad de juzgar a asesinos menores de eda

Mujeres: El México deseado: Magna Visión México Ricardo Guzmán Wolffer La manifestación femenina por ausencia establece básicamente el deseo de cambio para mejorar. Sin la intención no hay acción ni dirección. Los discursos enfrentados en medios son evidentes. Corresponden a una realidad caótica. Mientras la Secretaría del Trabajo propone un Protocolo “para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo”, con cifras para evidenciar que es una propuesta reactiva, la sociedad civil se organiza con ideas y actos de fondo. Por más que medios y políticos busquen interlocutores específicos para “dialogar el cambio”, las mujeres, la ciudadanía, tienen otras apuestas. El movimiento “Magna Visión México” propone ideas significativas para llegar a metas en todos los ámbitos del quehacer mexicano. “Mentes y voces para visionar una sociedad inclusiva, una espiral que nos eleva hacia la paz, el respeto, la igualdad y el crecimiento económico”. Los campos dond

EL COVID-19 EN LAS RELACIONES LABORALES Gilberto Chávez Orozco* Por recomendaciones o por Declaratoria de Contingencia Sanitaria hay cierres parciales o totales de empresas: los trabajadores pierden su empleo. La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla la suspensión de los efectos de la relación de trabajo: no hay obligación de prestar el servicio ni de pagar el salario, aunque la relación laboral continúa. 1.       Si un trabajador presenta una enfermedad contagiosa (COVID-19), la relación laboral se suspende desde que el patrón lo sepa o que la Institución de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE) otorgue la incapacidad. Termina la suspensión cuando desaparece la enfermedad o incapacidad. 2.       El caso fortuito o fuerza mayor que incida necesaria, inmediata y directamente en la suspensión de los trabajos, es indispensable para la suspensión de la relación laboral colectiva. Podría considerarse, con riesgo jurídico, que la recomendación de autoridad para aislars