agenda judicial

  TELETRABAJO, BUROCRACIA Y REELECCIÓN Ricardo Guzmán Wolffer La diferencia central entre los derechos y los pactos es que los primeros se exigen sin importar la voluntad de las partes involucradas, mientras que los segundos dependen del deseo de otorgar. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre el teletrabajo dejó para lo segundo el pago de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo (art. 330-F, F II, LFT); dejándole al trabajador la obligación de informar el monto del pago. Si los legisladores señalan como obligación del patrón asumir el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad ( art . 330-E, F III, LFT), la interpretación conjunta de los artículos sólo puede establecer que tal obligación de pago es previo pacto. Si los trabajadores privados apenas tienen oportunidad de “pactar” las condiciones laborales, los burócratas menos. Trabajar en la administración pública es un contrato

  LA REFORMA JUDICIAL MILITAR Ricardo Guzmán Wolffer Mientras la inminente reforma judicial constitucional va en su fase final, hay omisiones ajenas al Poder Judicial Federal (PJF). El Código de Justicia Militar (CJM), en su mayoría, apenas corresponde a la realidad nacional. Publicado hace casi 90 años, subsiste la designación directa de jueces y magistrados militares (art. 7 y 27 CJM) en el Supremo Tribunal Militar, a diferencia de estados y federación donde se concursan tales cargos. Si la próxima reforma judicial elimina las apelaciones resueltas por un magistrado para formar tribunales de apelación con 3 magistrados, las Salas unitarias militares continúan (art. 9 CJM). Esta situación no es menor. El CJM fue diseñado para una milicia dedicada a las tareas exclusivas de su condición. Hoy no es así. No sólo replican facultades y acciones de policías civiles, también han entrado de lleno a la administración pública para tareas ajenas a la guerra: administran aduanas, revisan