agenda judicial

  EDITORIAL La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, más que una sentencia relacionada con la libertad de expresión, tema sobre el que se ha pronunciado ya, es una sentencia relevante por evidenciar las violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Senadores, resultado de la falta de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Tanto en comisiones como en el pleno se impidió que las minorías legislativas expresaran su opinión en un contexto de deliberación pública. Más allá del contenido de la ley, esta resolución es un llamado a los encargados de los procedimientos legislativos para que conozcan el proceso y permitan a todas las facciones legislativas pronunciarse: la voz de todos los senadores debe ser escuchada. Es una de las características de la democracia. CONSTITUCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL: LA DEBIDA DEFENSA. Ricardo Guzmán Wolffer La recie

  LA DESAPARICIÓN DE LA CORTE Ricardo Guzmán Wolffer Desde hace décadas, el ideal de que nuestro país puede ser autosuficiente se ha afianzado, lo que hace comprensibles los proyectos arancelarios, energéticos, incluso, la propuesta formal al interior del Poder Legislativo para limitar las facultades constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En la mente de los legisladores subsiste el concepto de un país de tal fortaleza que no depende de ningún otro, aunque esto nunca ha podido sustentarse. La dependencia económica en temas de exportación es sólo una muestra. La importancia estratégica en temas políticos es todavía mayor. En lo legal el asunto cambia. En México, al haber firmado diversos tratados internacionales que regulan y promueven la protección a los derechos humanos, la Constitución Mexicana dejó de ser el único referente. La facultad de la SCJN para establecer si nuestro orden jurídico, incluida la Carta Magna, cumple o no con dichos parámetros

  REFORMA LABORAL TRUNCA Ricardo Guzmán Wolffer       El inicio de la tercera etapa de la implementación de la reforma laboral llega con controversias. Mientras la Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó su preocupación por la implementación de la Reforma Laboral, el reducido presupuesto, las inseguras instalaciones de algunas de las futuras instancias laborales y el despido de personal de la Juntas de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México lo que hará, precisa la Barra, que tarden todavía más en concluirse los miles de juicios tramitados en las Juntas. Sus afirmaciones fueron rebatidas por la Secretaría del Trabajo. En nota detalló el presupuesto para cada rubro. Precisó que no hay rezago de juicio en las nuevas instancias de justicia (los nuevos juzgados laborales) y que las instalaciones de los nuevos juece laborales son seguras. Afirmó que la Barra, colegios y facultades de derecho tienen la responsabilidad de capacitar a quienes defenderán en un juicio laboral.

  EDITORIAL El comunicado 23 del Consejo de la Judicatura Federal anuncia el 7 de noviembre para regularizar actividades en los órganos jurisdiccionales del país con lo cual se elimina el sistema de citas para consultar físicamente expedientes, entre otras actividades. Quizás el anuncio más importante sea la eliminación de libros físicos para el control de expedientes, por considerar que la información capturada electrónicamente hace innecesario el registro manual de información. Los enormes libros de gobierno que cada año acumulan juzgados y tribunales por miles a lo largo del país no sólo requieren un gasto millonario, también afectan los inmuebles judiciales: decenas de toneladas se acumulan en los archivos provisionales y definitivos. Dejar de destinar tiempo en llenar estos libros y redireccionar el trabajo de los abogados para resolver trámites judiciales o administrativos ampliará la eficacia judicial en más de un 10%. Será como ampliar la plantilla y reducir gastos al mismo

  EDITORIAL Dentro de la tramitología inagotable de la burocracia federal no es raro encontrar sitios de oportunidad para mejorar el servicio público. Uno es recortar tiempos en la reposición y entrega de tarjetas para el bienestar cuando el beneficiario es un adulto mayor. José Alonso Zepeda Palacios tiene 74 años. Reportó su tarjeta 4915 6632 3558 4753 como extraviada desde el 2 de septiembre pasado. El 12 de septiembre volvió a llamar para reportarla, lo hizo por escrito y el 5 de octubre fue requerido para presentar la documentación que ya había remitido. 2 meses después sigue sin recibir la reposición. Para muchos adultos mayores, el apoyo de la Secretaría del Bienestar es la diferencia entre comprar medicinas o contar con alimentos básicos. Es necesario eficientar este servicio para que llegue a los beneficiarios.   EL INEXPLICABLE ABANDONO BUROCRÁTICO Ricardo Guzmán Wolffer   El insospechado esfuerzo de las Salas y el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Ar