agenda judicial

LA OBLIGACIÓN DE SABER Ricardo Guzmán Wolffer Las leyes en México parten de varios supuestos, algunos equivocados y otros formativos. Uno de esos supuestos, quizá el más importante, es que todos los mexicanos conocemos todas las leyes de nuestro país y que, por eso mismo, sabemos todas nuestras obligaciones y derechos sobre todos los temas que los cientos de leyes, reglamentos y circulares, federales, estatales y municipales, imponen. Basta que el ordenamiento jurídico sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en la gaceta estatal o municipal, para que, en cuanto entra en vigor, sea exigible a todas las personas dentro del territorio nacional; incluso, a los recién nacidos: hay, por ejemplo, cargas fiscales para los herederos y donatarios menores de edad, a través de su tutor, quien tendrá la obligación de rendir cuentas al propietario al llegar a la mayoría de edad. Este supuesto es necesario, aunque suene desproporcionado e inalcanzable en un país donde h

LAS FOTOMULTAS Y SU RAZÓN Ricardo Guzmán Wolffer Cuando se implementaron las fotomultas, se argumentó que servirían para mejorar la vialidad citadina, se evitarían accidentes y muertes por atropellamiento. A muchos meses de su implementación y después de millones de pesos cobrados, puede verse que los efectos de la medida han servido para muchos propósitos pero, sin duda, la educación vial no es uno.                 Las leyes están elaboradas con un fin específico, se diga o no en la exposición de motivos o en las “comparecencias” de legisladores durante su elaboración. Eso, cuando hay legisladores o suplentes (además del faltismo regular, en tiempos electorales, la desbandada de titulares es enorme).                 En el caso de las fotomultas, los automovilistas han modificado su manejo, pero para mal. Los semáforos dejaron de ser referente y en los cruces, incluso con semáforo, el conductor se fija solamente en la existencia de la cámara de fotomulta. Ya no importa la lu

“El principio de resistencia constitucional en México” Silvino Vergara Nava * El principio de resistencia es esencial para el “Estado Constitucional Democrático de Derecho”: la Constitución debe ser lo más permanente posible, esto es, sin modificaciones, pues contravenir ese principio desestabiliza al propio Estado; al ciudadano, porque pierde la noción de cuáles son sus derechos; también al propio sistema jurídico y a sus instituciones. Sin embargo, esa resistencia constitucional es de lo que más adolece el sistema jurídico mexicano, pues es común que las nuevas administraciones públicas federales tengan la necesidad de modificarla para poder implementar sus políticas públicas. Esta administración, autodenominada “cuarta transformación”, no ha sido la excepción. Las reformas constitucionales están a la vista. Ya se presentó la primera reforma del sexenio. Se publicó el 14 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, se modificaron los artículos 22 y 73, fracción XXX

#Metoo y la confianza Ricardo Guzmán Wolffer La legitimidad de los movimientos derivados de redes sociales está llamada a revisión con el suicidio del notable artista Armando Vega-Gil, pero las implicaciones de tal desgracia inciden en la dicotomía derecho-justicia.                 Una denuncia anónima de abuso sexual o violación, cuando no se precisan lugar, modo, y fecha de ejecución, carece de los elementos para su investigación y para su judicialización por la imposibilidad de ser ratificarla, de ser investigada, de declarar al denunciante, de hacer el examen médico respectivo y demás trámites ante la autoridad investigadora. En el caso que no estuviera prescrito el hecho denunciado. Los movimientos de redes sociales en que se reivindica a las víctimas anónimas inciden en lo extrajudicial. Si en su momento las comisiones de derechos humanos buscaban apelar al peso moral, ético, de honor, de sus resoluciones, las autoridades nacionales fueron diluyendo esa fuerza. Hoy las