LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS: ESTADO Y CIUDADANÍA
Ricardo Guzmán Wolffer
Los infortunios de la marcha de
víctimas encabezadas por personalidades, también víctimas, se acrecientan por
el anuncio presidencial de no recibirlos y por los insultos recibidos por otros
ciudadanos. Como si el problema de ser víctimas fuera partidista, como si
hubiera una intencionalidad en tener parientes asesinados o desaparecidos o
torturados por quienes debían cuidar a todos los habitantes.
La
pirámide institucional, de trato vertical por la apabullante mayoría legislativa
del partido mayoritario y su cabeza real, debe cuidar de las víctimas de todos
los partidos, resulten o no incómodos para la figura presidencial. La mención
de que una reunión presidencial signifique un “show” resulta en sí mismo ajeno
a la obligación nacional de respetar los derechos humanos.
La
firma de los tratados internacionales donde se protege a las víctimas (directas
o familiares) obliga a su cumplimiento. La ONU, en la asamblea general 40/34 de
29/11/85, en su apartado “Acceso a la justicia y trato justo” señala en el
párrafo 4: “Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su
dignidad.”
En
un México donde gobierno y población se distancian desde hace siglos, antes por
vivir la colonia, ahora por vivir la colonización asumida, se olvida que ese
gobierno también es población y que esa población, mediante la votación y el
ejercicio de la transparencia, también es gobierno. Una obligación estatal debe
ser implementar una educación escolar y extraescolar para que toda la población
respete a las víctimas sin importar el momento político. Esto presupone que las
propias personas que ocupan puestos de gobierno respetan sus derechos. Menos se
comprende esta distancia cuando la razón presidencial para proponer a la actual
presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue que también
había sido víctima.
La
presencia inamovible de las víctimas necesariamente incomoda al gobierno:
evidencia que las estrategias de seguridad no dan los resultados esperados. Dan
rostro a las cifras de miles de muertos del primer año de gobierno. No importa
la comparación con otras administraciones. Cada muerto es importante, cada uno
debería ser suficiente para que mejorar el rumbo en materia de seguridad y, por
supuesto, en atención a las víctimas.
Son
muchos los temas impostergables de gobierno. Las víctimas son uno de éstos,
pero también deben ser atendidos por los otros ciudadanos. Quizá los encaran
por el miedo de saber que podrían estar en su lugar en cualquier momento.
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“Descenso al infierno” de Miguel
Ángel Cárdenas, Edit. Lectorum (México), se inserta en el subgénero carcelario
mexicano. Obras como “El apando” de Revueltas, las memorias de Goyo Cárdenas,
“Beso negro” de Flores Alavés y muchos otros nos hacen ver que la cárcel en
México es un lugar sobre el que deberíamos hablar cotidianamente.
Cárdenas
presenta sus vivencias tras 16 años de cárcel. Culpable o no, narra los sucesos
al interior de la penitenciaría de Santa Martha. Si los reclusorios son
temibles, por la mezcla de reos sentenciados con procesados, ya sea por delitos
menores o graves, todos juntos por la imposibilidad de varios de acceder a la
libertad bajo caución, en Santa Martha no hay esperanza. Todos están ahí para
compurgar años o décadas.
Compendio del
lenguaje carcelario, nos resulta conocido por ser una extrapolación de figuras
cotidianas: la hipérbole, las metáforas y las cercanías fonéticas retoman
conceptos y nombres para hacer su propio lenguaje.
Una obra
destacable por la muestra de observaciones y denuncias, a veces jurídicas, a
veces de administración carcelaria, por una persona que logró hacer de su
encierro una dolorosa oportunidad de crecimiento físico y académico. Un texto
eficaz en su impacto anímico. Quizá su mayor tino sea regresar a la discusión
de si la cárcel es un castigo o un método de reinserción social, como dice la
ley. De nuevo, una muestra de que leyes y realidad suelen estar tan
distanciadas como el ideario gubernamental y sus operadores fallidos.
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