agenda judicial

  EDITORIAL El señalamiento en contra de la nueva presidencia de la judicatura Federal en cuanto a que ha favorecido a delincuentes, debe entenderse con el reclamo “no me digan que la ley es la ley”. Esto ha permeado en la negativa de pago en varios juicios laborales perdidos por instituciones públicas, aduciendo falta de liquidez. Ello anula todo el sistema de administración de justicia: bastaría que una entidad pública logre eludir el pago, por la falta de fondos específicos (para otros rubros siempre parece haber dinero de sobra) para que deje de tener sentido la existencia de juicios y tribunales: ganar un laudo sería inútil.                 Si la ley burocrática federal fue hecha bajo la premisa de que las entidades estatales serían las primeras interesadas en cumplir con la ley, estos argumentos de falta de liquidez evidencian, una vez más, que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo requieren una reforma muy puntual para obligar

  ESTADO PARALELO Ricardo Guzmán Wolffer El reciente conflicto causado entre México y Estados Unidos por el secuestro de 4 estadounidenses, con la muerte de 2 de ellos, en Matamoros, Tamaulipas, muestra la existencia de una estructura de poder paralela a la estatal y evidencia que los mínimos resultados en la búsqueda de personas desaparecidas (más de cien mil en cifras oficiales) conlleva una intención estatal. Bastó que las víctimas fueran estadounidenses para que se activara el verdadero poder del Estado Mexicano y, en unos días, se diera con los cuatro secuestrados, dos de ellos sin vida, y se lograra la captura de un posible delincuente involucrado en tales delitos. Esto llama la atención porque contrasta con la ausencia de resultados en relación con las desapariciones de mexicanos, como fue reclamado por parientes de desaparecidos. Lo realmente destacado de este asesinato es que los propios narcotraficantes entregaron a cinco personas con una carta de justificación y disc

  EDITORIAL Los ataques verbales y performáticos (quema de muñecos y personificación) en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña, parten de un desconocimiento de la función judicial. Se asume que, como en el Poder Ejecutivo, hay un orden vertical en donde una sola persona resuelve por el resto de los integrantes. La Independencia judicial reside en que cada magistrado o juez decide por sí mismo. El reclamo a la ministra Piña relativo a que ha soltado a delincuentes es equivocado. Quienes resolvieron a favor de procesados fueron jueces y magistrados; muchos señalados en las conferencias mañaneras por el presidente de la república, quien también ha reclamado al Consejo de la Judicatura Federal por no proceder en contra de tales titulares judiciales. Más allá de la información equivocada que se transmite en tales reclamos, quemar piñatas es parte de un discurso de violencia de género que no ayuda en un país donde los feminicidios, la t

  PROTECCIÓN INFANTIL ADMINISTRATIVA Magistrado Carlos Mena Adame El interés superior de la niñez es un principio que exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a la dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual de niñas, niños y adolescentes. El 2 de marzo de 2022, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, resolvió que la Secretaría de la Defensa era administrativamente responsable de haber causado la muerte de un hombre de 28 años de edad durante un enfrentamiento con policías ministeriales del Estado de Guerrero, entre ellos, el occiso; en el expediente se probó que los miembros del ejército siempre tuvieron ventaja por el número de elementos y armas, así como visibilidad y adiestramiento, no obstante, no aplicaron métodos de persuasión o disuasión conforme al “Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas”, lo que debía hacerse de forma previa al u