CONSTITUCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL: LA DEBIDA DEFENSA./ “Los grandes cambios del derecho del trabajo en México”

 

EDITORIAL

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, más que una sentencia relacionada con la libertad de expresión, tema sobre el que se ha pronunciado ya, es una sentencia relevante por evidenciar las violaciones al procedimiento legislativo en la Cámara de Senadores, resultado de la falta de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Tanto en comisiones como en el pleno se impidió que las minorías legislativas expresaran su opinión en un contexto de deliberación pública.

Más allá del contenido de la ley, esta resolución es un llamado a los encargados de los procedimientos legislativos para que conozcan el proceso y permitan a todas las facciones legislativas pronunciarse: la voz de todos los senadores debe ser escuchada. Es una de las características de la democracia.

CONSTITUCIÓN Y DERECHO INTERNACIONAL: LA DEBIDA DEFENSA.

Ricardo Guzmán Wolffer

La reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incumple con aspectos de convencionalidad; es decir, no es acorde con los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenamiento que también forma parte de nuestro sistema jurídico y debe considerarse por los juzgadores mexicanos. Ello lleva a establecer que algunos artículos de la Constitución Federal deben ser revisados y, de ser necesario, modificados.

Una vez más se demuestra que la ley mexicana no puede estar aislada en el contexto internacional; que en temas de derechos humanos los legisladores nacionales deben atender las obligaciones derivadas de tratados y convenciones obligatorios. Esto puede dar la pauta para que los juicios de amparo sean el conducto para revisar la Constitución del país. Aunque los legisladores creen tener el monopolio de la modificación de leyes, mediante la aplicación de criterios de convencionalidad es claramente legal dejar sin efectos artículos de la propia Constitución: no es que los jueces o ministros usurpen las facultades de los legisladores, es una mera consecuencia de que el Congreso de la Unión ratifique instrumentos internacionales de derechos humanos, y que éstos adquieran obligatoriedad.  

Uno de los aspectos centrales de esta comparativa es la debida defensa en sanciones administrativas impuestas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de jueces y magistrados. La Constitución establece que las resoluciones del Pleno del CJF son inatacables. Ante la ineludible obligación de confrontar las leyes nacionales con la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, donde se establece la obligación de que los juzgadores federales puedan acudir a una instancia distinta de la que lo sanciona, el contenido del artículo 100 constitucional tarde o temprano será revisado para ajustarse a los derechos humanos procesales, de modo que lo que decida el Pleno del Consejo sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta posibilidad de tener un recurso no sólo incide en la independencia judicial, materializa el cumplimiento a que las leyes mexicanas se hagan con vistas a la protección de los derechos humanos, aquí relacionadas con el debido proceso, en el tema de los recursos.

Mientras subsista el artículo primero de la Constitución Federal donde hace obligatorios los instrumentos internacionales en derechos humanos en nuestro país, precisamente por haber sido aceptados por los legisladores mexicanos, diputados y senadores deberán confrontar las leyes que se aprueban o modifican contra esas disposiciones obligatorias.

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“Los grandes cambios del derecho del trabajo en México”, publicación del Instituto de Posgrado en Derecho, México, contiene ensayos importantes para comprender los nuevos retos laborales, como los derechos de quienes trabajan desde casa; las consideraciones legales que deben tenerse respecto de los empleados que laboran para plataformas digitales y hasta cómo valorar aspectos de derechos en temas de inteligencia artificial. Destaca el amplio texto de Gilberto Chávez Orozco por contener varios temas de actualidad, tanto procesal como de fondo.

Un libro importante que muestra al Instituto de Posgrado en Derecho como un lugar referencial en el estudio de la disciplina laboral en México.

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Escuche los podcasts de “Degeneración y muerte” y “La fuerza y la legalidad” en “Literatura y derecho” de Ricardo Guzmán Wolffer en Spotify y plataformas afines.

 

 

 

 

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