DEL JUEZ ASESINADO Y OTRAS DEBILIDADES
DEL JUEZ ASESINADO Y OTRAS DEBILIDADES
Ricardo Guzmán Wolffer
El brutal asesinato del juez federal
Uriel Villegas Ortíz y su esposa Verónica Barajas, cometido enfrente de sus
hijas menores, dentro del domicilio familiar, muestra una falla en la seguridad
nacional.
Para
quienes se han encargado de polarizar la sociedad, haciendo señalamientos
contra funcionarios judiciales, nombrándolos “el cártel de los ampareros”, no
será una sorpresa esta noticia. Si los jueces son parte de los enemigos de la
nación, en esa lógica, se trata de un ajuste de cuentas. Nada más alejado de la
realidad. Los funcionarios judiciales que, de cara a los delincuentes y a la
sociedad, dictan sentencia son el rostro del Estado. El Poder Judicial de la
Federación (PJF) deja de ser un concepto etéreo para solidificarse en esa
persona que resuelve los juicios. Mirar de frente a un delincuente comprobado
para decirle cuántos años pasará en prisión y para decirle que todos los bienes
adquiridos ilegalmente pasarán a propiedad del Estado no es cosa menor. Menos
cuando los delincuentes están acostumbrados a vivir en la impunidad. A grado
tal que amenazan con arrasar poblaciones si no se acatan sus órdenes.
Según
la nota de El Universal “¿Fallas de inteligencia en la ejecución del juez de
Colima?”, firmado por Raúl Rodríguez Cortés, el gabinete de Seguridad Nacional
tenía noticia de un golpe inminente al Estado mexicano. Se tomaron providencias
para proteger a integrantes del Poder Ejecutivo de la Federación, pero no se
dio vista al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ni demás integrantes del
PJF.
Esta
información es verosímil. El CJF es muy cuidadoso en cuidar de los titulares,
pero para ello necesita tener noticia de riesgos adicionales a los regulares.
Hoy se señala un grupo delictivo como el probable responsable de la muerte del
juzgador federal, por los juicios que el asesinado tuvo. Se olvida que todos
los días, todos los jueces resuelven asuntos de ese cártel y de delincuentes
“menores”, se olvida que muchos asuntos civiles y laborales involucran a
delincuentes declarados o encubiertos. No hay materia judicial segura. Así, el
CJF tiene áreas de seguridad y vigilancia que cuentan con mecanismos de protección,
pero no puede actuar sin algún signo de que deben ampliarse las medidas de
seguridad “regulares”. En un país con los mayores índices de violencia y
homicidios en décadas, los juzgadores forman parte del frente de batalla. No
sólo militares y policías buscan frenar a esa delincuencia cada vez más
empoderada: los jueces autorizan cateos, ordenan aprehensiones, abren juicios y
dictan condenas. Porcentualmente, las sentencias son mínimas, pero la función
judicial está supeditada a la debida actuación de los órganos de procuración de
justicia. La seguridad de los jueces también está supeditada a la información
que obtengan de los otros poderes: el CJF no cuenta con la infraestructura para
un área de inteligencia que le permita tener la misma información nacional que
el Ejecutivo Federal. Es impensable suponer que el CJF hubiera dejado de actuar
si hubiera contado con advertencia del riesgo inminente.
La
indignación y reclamos de justicia por parte del ministro presidente del CJF
deberían tener eco en la sociedad. Cuando se asesina a un juzgador, se asesina
a las personas que encarnan la búsqueda de legalidad y de paz social. Acabar
con un poder judicial independiente no sólo beneficia a los delincuentes,
también lesiona al Estado de Derecho: ¿para qué recurrir a un sistema de
justicia que no defiende a sus operadores, menos a los denunciantes?
El
Juez Villegas no es el primer juez muerto a manos de los delincuentes. No es un
crimen más en la larga lista diaria de muertos, pero sí es un crimen más en la
lista de juzgadores que dieron la vida por una idea de país, por un futuro que
parece no llegar, por una promesa que hace generaciones se hizo a los mexicanos
que pensamos en la legalidad como medio de bienestar.
Comentarios
Publicar un comentario