CORONAVIRUS
Y LA URGENCIA JUDICIAL
Ricardo
Guzmán Wolffer
En
cada administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha modificado
el catálogo de casos urgentes (los que pueden reclamarse a cualquier hora en
cualquier lugar del país ante los jueces federales) para estar más cerca de la
ciudadanía. Cada sexenio tiene sus particularidades: la avalancha migratoria
brasileña con Fox o la pandemia de H1N1 con Calderón, por ejemplo, fueron
atendidos en su momento.
Hoy el coronavirus arroja retos novedosos. Mediante el acuerdo
8/2020, el CJF modifica el catálogo de casos urgentes. Todo problema legal es
importante para quien lo padece, pero no pueden recibirse todos los juicios
cuando es prioritario evitar las concentraciones de personas.
Antes que hacer catálogos limitantes, el CJF establece la
necesidad del prudente arbitrio judicial. En estos momentos se comprende el
alto papel desempeñado por quienes empiezan por decidir si una demanda es
urgente: los Jueces federales son la justicia más a la mano de los ciudadanos.
Como parte de una acción conjunta, las acciones de política
criminal y penitenciaria del ejecutivo se cristalizan en este acuerdo al
establecer como urgente toda petición que implique la libertad del procesado o
del reo. Aspectos que en otras circunstancias no serían urgentes, hoy se valoran
ante el hecho conocido de que no todas las instancias gubernamentales están
laborando por disposición sanitaria oficial. Además, se tomó en cuenta la Ley
de Amnistía publicada hace poco.
También se tramita como urgente lo relativo a pensiones
alimenticias y violencia intrafamiliar, así como el respeto de menores en la
contingencia; antes no contemplado como urgente. Incluso se permite en el
acuerdo la recepción de demandas directamente ante los juzgados y tribunales de
guardia para su calificación de urgencia.
Además, aunque no hay actuaciones por la suspensión laboral, tal
acuerdo establece la obligación de dictar sentencias que estaban pendientes al
inicio de la suspensión de labores judiciales. Apenas iniciar actividades en
juzgados y tribunales federales, el número de sentencias pendientes de dictarse
será mínimo. Si bien algunos juzgados se encuentran al día, otros afrontan
rezagos. Con este acuerdo quedarán solventadas tales diferencias.
El CJF trabaja para que la problemática sanitaria no obstaculice
el acceso a la libertad de quienes tienen derecho a pedirla; trabaja para
eliminar rezagos judiciales; trabaja para que se dé tramite urgente a muchos
tipos de demanda que antes no tenían tal carácter. Además, se ha procurado
respetar los derechos laborales de trabajadores judiciales y cuidar la salud de
estos, con trabajo a distancia y límites en el tipo de personas que pueden
acudir a los órganos judiciales (edad, salud, etc.).
Ante la pandemia, la judicatura federal ha respondido.
+++
“Desobediencia
civil y otros ensayos” de Henry David Thoreau (Edit. Lectorum, México) revive
en las circunstancias actuales.
Thoreau es un clásico en sus referencias a la naturaleza y el
derecho natural implícito, pero también sostuvo un punto que hoy es medular
ante la politización ciudadana. Un efecto de la exposición mediática
presidencial es que la mayoría opina sobre los actos de gobierno. Habrá quien
no esté de acuerdo con las acciones u omisiones. En Thoreau habrá un referente
conceptual sobre la posibilidad de actuar cuando la crisis se personaliza en
sectores desfavorecidos. Los ataques a supermercados o a personal médico pueden
ser vistos con los ojos de este autor ineludible.
EDITORIAL
Mientras los datos sobre la pandemia parecen ser lo único atendible en medios,
los números de la delincuencia crecen. Incluso en los registros públicos hay números
alarmantes: homicidios, trata de personas y otros repuntan. Algunos crímenes
parecen haberse olvidado en su difusión o ataque: los derechos de autor, los
delitos derivados de leyes especiales, como la Ley Federal del Trabajo, los
ecológicos, la pornografía infantil, entre muchos, sólo se comentan en foros
especializados.
La pandemia parece favorecer la
impunidad.
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