La obligación de morir
Ricardo Guzmán Wolffer
Los
recientes hechos en Culiacán evidencian cambios en la administración pública.
A
pesar de sanciones específicas en el Código Penal Federal, no hay duda para
funcionarios del Ejecutivo en aceptar que fue ordenada la liberación de Ovidio
Guzmán. Sin duda, tal medida salvó muchas vidas; sin duda, debió haberse
planeado su captura para evitar tan mal resultado. Poco se habla de los muertos
y heridos causados con tal error. Menos se habla de quién responderá penal,
civil y administrativamente por un operativo tan fallido.
La
implicación más importante es que, si el caso lo amerita, se ordena incumplir
con la función: se acepta y promueve que agentes del orden pongan en libertad a
una persona detenida legalmente.
Contrasta
tal acto con el discurso sostenido en contra de jueces y magistrados. Se les
acusa de corruptos, de no tener calidad moral por conceder amparos y suspensiones;
además, se les equipara con la delincuencia organizada al tildarlos del “cartel
de los ampareros”. Se les reprocha no cumplir con su función.
Si
la delincuencia organizada pudo doblegar al sistema de seguridad en una
actuación tan mal planeada, es de esperarse que tenga acciones contra los
jueces. Muchos han sido suspendidos en esta administración, más han sido
reubicados sin existir sanción administrativa para ello. No se les permite
fallar en nada a su labor jurisdiccional; el hecho de tener parientes
trabajando en el mismo circuito (no en el tribunal donde labora el propio
magistrado) es suficiente para ser cambiado de lugar de trabajo. Se olvida que
muchos de esos jueces se enfrentan todos los días al crimen organizado. Pero se
espera que no se dobleguen ni en una resolución. No se tolera, como ahora
sucedió con policías y militares, que dejen de cumplir con su función. Por el
contrario, se les critica si sus resoluciones no son acordes a la opinión de
legisladores y otros funcionarios.
Por
lo menos, debería explicarse en qué casos quienes deben velar por la seguridad
de todos los mexicanos están facultados para incumplir con su deber legal. En
apariencia, los jueces no tienen la posibilidad de claudicar en nada, incluso
cuando el crimen organizado los amenace reiteradamente. Son muchos los juzgadores
asesinados por la delincuencia, aunque se publicite poco: sólo se sabe de
titulares judiciales separados del cargo para su investigación.
La
duplicidad de discursos confunde.
En
apariencia, se espera de esos jueces que tengan la obligación de morir en el
cumplimiento de la función.
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“La noche de la Zona M” de Alberto
Chimal. Fondo de Cultura Económico. México, 2019. Un México sin autoridades,
pero con ciudadanos obligados a organizarse para sobrevivir. Un futuro
distópico. Una Ciudad de México cambiada, pero reconocible por sus calles:
¿cómo sería la capital si hubiera un brote de violencia extrema incontrolable?
Chimal es uno de los
escritores más afamados de su generación, aquí se advierte por qué. Sus obras
no pretenden ser de crítica social, pero la ciencia ficción ha logrado
colocarse como un peculiar profeta de cambios científicos y sociales. En la
novela se invocan ritos de ingreso a la “Tropa” (no militar), muy similares a
los usados hoy por La Mara; se plantea el uso de energías “limpias” como
respuesta a la falta de suministro de electricidad; se habla de los planes de
las élites billonarias para sobrevivir en otros planetas o en las zonas
polares. Chimal parece estar pronosticando un colapso que no suena tan
descabellado.
La
buena literatura como muestra de que el futuro puede ser tan sorprendente como
nuestro presente y su violencia.
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EDITORIAL Ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, se examinó a México. Se
exigió a la delegación mexicana explicar los actos contra el poder judicial y
se mencionó dentro de ello la reducción de salarios con referencia al pago del
presidente de la República, así como inestabilidad laboral que provoca la
readscripción de jueces y magistrados. Entre otros.
Este procedimiento ante
la ONU sigue en trámite.
En esta sección
advertimos hace meses sobre la posibilidad de que las medidas tomadas por
legisladores y ejecutivo respecto del Poder Judicial Federal terminaran
dirimiéndose en cortes internacionales. Este es el primer capítulo.
El Poder Judicial Federal
no es intocable, pero su modificación no puede estar por encima de las reglas
internacionales de las que México es miembro desde hace décadas.
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