#Metoo y la confianza
Ricardo Guzmán Wolffer
La legitimidad de los movimientos
derivados de redes sociales está llamada a revisión con el suicidio del notable
artista Armando Vega-Gil, pero las implicaciones de tal desgracia inciden en la
dicotomía derecho-justicia.
Una
denuncia anónima de abuso sexual o violación, cuando no se precisan lugar,
modo, y fecha de ejecución, carece de los elementos para su investigación y
para su judicialización por la imposibilidad de ser ratificarla, de ser investigada,
de declarar al denunciante, de hacer el examen médico respectivo y demás
trámites ante la autoridad investigadora. En el caso que no estuviera prescrito
el hecho denunciado.
Los
movimientos de redes sociales en que se reivindica a las víctimas anónimas
inciden en lo extrajudicial. Si en su momento las comisiones de derechos
humanos buscaban apelar al peso moral, ético, de honor, de sus resoluciones,
las autoridades nacionales fueron diluyendo esa fuerza. Hoy las comisiones de
derechos humanos son vistas por la población como una extensión del Estado, no
como un ente capaz de vigilar con firmeza las acciones estatales estimadas como
indebidas. Si la vía judicial no es confiable, si la queja ante las comisiones
de derechos humanos tampoco es opción para las nuevas generaciones, la
inconformidad social busca vías para expresarse.
Falta
información para calificar el suicidio del artista, pero destaca el peso
aplastante que tuvo en él una denuncia anónima, judicialmente intramitable. Tal
hecho, ya histórico, evidencia sin duda que los caminos oficiales no resultan
satisfactorios para un alto porcentaje de víctimas. La reforma penal no sirvió
para disminuir la delincuencia ni para hacer confiable la vía judicial. Las
promesas de cambio de paradigma, de erradicación de la corrupción, tampoco han
servido para ello: falta tanto por hacer que el Senado ha propuesto la creación
de una Sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La infausta
muerte de un usuario de las redes es un llamado de atención para un estado que
antepone las necesidades inmediatas de la población al desarrollo de programas
oficiales de largo plazo. La supuesta víctima anónima y el supuesto victimario
aplastado han evidenciado que la fuerza del control, resarcimiento y sanción,
en casos de violencia sexual, se aleja de los caminos del Estado.
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