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LA OBLIGACIÓN DE SABER

Ricardo Guzmán Wolffer

Las leyes en México parten de varios supuestos, algunos equivocados y otros formativos.

Uno de esos supuestos, quizá el más importante, es que todos los mexicanos conocemos todas las leyes de nuestro país y que, por eso mismo, sabemos todas nuestras obligaciones y derechos sobre todos los temas que los cientos de leyes, reglamentos y circulares, federales, estatales y municipales, imponen. Basta que el ordenamiento jurídico sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en la gaceta estatal o municipal, para que, en cuanto entra en vigor, sea exigible a todas las personas dentro del territorio nacional; incluso, a los recién nacidos: hay, por ejemplo, cargas fiscales para los herederos y donatarios menores de edad, a través de su tutor, quien tendrá la obligación de rendir cuentas al propietario al llegar a la mayoría de edad.

Este supuesto es necesario, aunque suene desproporcionado e inalcanzable en un país donde hay millones de personas analfabetas, donde sólo un porcentaje ínfimo lee el DOF en forma preventiva (para prever los pagos fiscales, por ejemplo) o reactiva (cuando ya tiene el problema encima) y donde el acceso a tal publicación en su forma impresa es complicado, bajo el supuesto de que, por ser publicado en la página de internet respectiva, ya está disponible para todos. Como si todos los mexicanos tuvieran acceso irrestricto (por equipo, pago de servicios y conocimiento informáticos; amén de saber leer y escribir) a esa información. Si los deudores legales desconocen su obligación, no puede eximirles del cumplimiento. Es un principio universal que sustenta la aplicación de las leyes en todo el planeta. Hasta ahí, nada nuevo, pero, en contrapartida, ¿qué hace el estado mexicano, experto en la expedición de leyes, reglamentos y demás instrumentos legales, para publicitar esas obligaciones a las personas que deben cumplirlas? Realmente, muy poco. En materias como la fiscal (en cuanto a los pagos), se hace un esfuerzo mayor que en otras áreas, pero bastaría ver cualquier aduana nacional para comprobar que ni siquiera a los contribuyentes cautivos (los que pasan por la caseta aduanal) se le informan TODAS las disposiciones a las que se enfrentan. Esa falta de información es mayor en áreas más especializadas, como, por ejemplo, la determinación de cuáles son las especies en peligro de extinción; o en materia de derechos de autor, si se advierte que la mercancía pirata está al alcance de cualquier persona; o en las obligaciones que tienen los involucrados en servicios de salud privados y públicos, tanto prestadores de servicios como sus usuarios; y así hasta dar con todas las materias legisladas en nuestro país, que no son pocas. Cuando se habla de que no hay un sólo México, sino muchos, bastaría ver las reglamentaciones existentes para comprobar que el mundo de la energía nuclear (investigación, plantas generadoras, etc.) no tiene nada que ver con el agro o los trabajadores especializados, por ejemplo. Y, en teoría, conocemos todas esas leyes.

Una respuesta estatal a esa falta brutal de conocimiento jurídico son las procuradurías donde se defiende a los involucrados: del consumidor, del contribuyente y demás. Pero son insuficientes: englobar en la misma procuraduría, por ejemplo, al comprador de electrónicos con el usuario de transporte aéreo o marino o al contratista de reproducción in vitro, presupone que los funcionarios de esas procuradurías conocen TODAS las materias posibles y con ello están en posibilidad de sugerir una conciliación real y eficaz o resolver, de ser el caso, un arbitraje en materias muy complejas. La experiencia cotidiana demuestra que, por mucho empeño en la labor, nadie puede tener todo el conocimiento y aplicarlo.

La existencia de recursos legales sirve como respuesta paralela: el juicio amparo, invento de México para el mundo, mitiga un poco las consecuencias del choque población-estado en el cumplimiento de la avalancha de leyes. Muchas pensadas para un país con condiciones distintas al nuestro.

El conocimiento de todos los ordenamientos jurídicos por parte de la población resulta un presupuesto para cualquier estado de derecho. La implementación de mecanismos que permitan a los obligados a su cumplimiento su comprensión y ejercicio, en condiciones de igualdad con los gobernantes y los factores reales de poder, es un largo camino por andar.

EDITORIAL

¿Por qué a los candidatos les encanta prometer que regalarán dinero? Bajo el disfraz de programas asistenciales, los abanderados de los partidos políticos dan por hecho que el votante sólo espera vivir sin trabajar, cobrar sin tener obligaciones. Y tienen razón: millones de mexicanos esperan estar en las mismas condiciones que esos políticos que, en apariencia, no hacen sino cobrar desde una curul, sin presentarse siquiera a las sesiones, incluso si es el presidente del partido. La impunidad económica es envidiable. Las demenciales fortunas de los sindicalistas oficiales son incomprensibles para muchos: ¿cuántas generaciones serán necesarias para acabarlas? En la guerra verbal electoral, algunos empresarios han argumentado que ellos han puesto el dinero para que viva el país, que se les respete. A la par con una tradición asistencial estatal, los ínfimos sueldos que hacen impensable una movilización de estrato social, llevan a ese electorado a escuchar como si fuera lo normal que le darán dinero por ser mujer, joven, viejo, etc: el colonialismo histórico se ha vuelto genético y el conquistado (por los españoles, antes; por los factores de poder, incluido el estado, ahora) espera ser mantenido a cambio de la entrega que siente como irrevocable. Se busca, mediante la supuesta repartición de la riqueza concentrada, que el país siga en el camino de las leyes vigentes que darán estabilidad social equitativa en el papel, pero no en la vida real. El gatopardismo implícito en esas promesas “benefactoras” es muestra de que el sistema paternalista subsistirá, para beneplácito de quienes viven con la mano extendida para recibir sin dar y los que en realidad se benefician: transferir la responsabilidad del propio bienestar tiene su costo ético.

LA CULTURA DEMOCRÁTICA

¿Cómo acercar la justicia federal a los ciudadanos de los estados? Además de los jueces y tribunales federales, las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están en todos los Estados de la República, para atender a la comunidad jurídica, grupos vulnerables y a cualquier ciudadano para difundir el conocimiento jurídico mediante el servicio de biblioteca, archivo, compilación de leyes, librería y módulos de acceso a la información, así como cursos para tener herramientas de conocimiento y defensa de los derechos.

                Las posibilidades para los estudiantes de derecho son enormes, desde prestar el servicio social hasta el de iniciar la preparación para una futura carrera judicial. Los Encuentros Universitarios de Cultura Jurisdiccional son una forma de llevar el enorme bagaje informativo a los centros universitarios. Entre los cursos destacan aquellos dedicados a la búsqueda de información jurídica: no sólo se desconoce la gran cantidad de información jurídica al alcance de la ciudadanía en estos verdaderos centros culturales, es necesario saber manejar los instrumentos virtuales para su localización. Las reformas laboral y penal son tema cotidiano de los programas de actualización manejado en cursos, diplomados y seminarios; quizá, la constante de tales programas sea la protección de los derechos humanos mediante su divulgación. La participación de jueces y magistrados es regular en tales cursos.

                A través de los seminarios abiertos “martes de derechos humanos”, se busca privilegiar la visión de cada entidad federativa respecto de lo resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

                Las Casas de la Cultura Jurídica representan un esfuerzo enorme por dotar a la población, jurista o no, de herramientas para acceder al estado de derecho que tanto necesitamos.

(scjn.gob)

 FRASES SOBRE LO JURÍDICO

Tienes derecho a no ser asesinado, a menos que lo haga un policía o un aristócrata.

Tienes derecho a la libertad de expresión, mientras no seas tan tonto como para intentarla.

Conoce tus derechos. The Clash

Se agacha mecanotecleando, haciéndose el ocupado, pues toda su fortaleza, no pasa de aquella mesa.

El cara de memorándum. Jaime López y José Manuel Aguilera

La justicia se ha ido, te controla. La justicia está acabada. No busca la verdad. Ganar es todo. Es desalentador, muy cierto, muy real.

Y justicia para todos. Metallica.

LIBROS JURÍDICOS

Pandecta. Temas de derecho II

Revista de la Escuela Libre de Derecho. Primavera 2018

Las aproximaciones jurídicas a partir de la academia resultan relevantes. Esta revista contiene 25 textos hechos por personal de esta reconocida universidad. Todos artículos notables, sin embargo, llama la atención el presentado por el investigador Miguel Ángel Fernández Delgado, quien retoma la importancia de la representación gráfica, aquí de la ley agraria de 1915 hecha por Pastor Rouaix. Fernández rescata el elaborado diagrama hecho para clarificar y facilitar los procedimientos necesarios para aplicar la citada ley. El autor reflexiona sobre la necesidad de abrir el conocimiento del derecho a todos los involucrados: ciudadanos, autoridades, litigantes, etc. ¿Cómo puede exigirse justicia cuando se desconoce la ley y las formas para implementarla, o combatirla, si es que resulta contraria a la elemental justicia constitucional? Fernández presenta este diagrama, un diseño magnífico, que contiene una clara intención didáctica y de democratización del conocimiento jurídico.

                Una revista que refresca el estudio de muchas áreas del derecho.