ESTADO PARALELO/ “DERECHO Y SOCIEDAD notas para entender la realidad” de Samuel Hernández Apodaca (Edit. Paideia Mx)

 

ESTADO PARALELO

Ricardo Guzmán Wolffer

El reciente conflicto causado entre México y Estados Unidos por el secuestro de 4 estadounidenses, con la muerte de 2 de ellos, en Matamoros, Tamaulipas, muestra la existencia de una estructura de poder paralela a la estatal y evidencia que los mínimos resultados en la búsqueda de personas desaparecidas (más de cien mil en cifras oficiales) conlleva una intención estatal.

Bastó que las víctimas fueran estadounidenses para que se activara el verdadero poder del Estado Mexicano y, en unos días, se diera con los cuatro secuestrados, dos de ellos sin vida, y se lograra la captura de un posible delincuente involucrado en tales delitos.

Esto llama la atención porque contrasta con la ausencia de resultados en relación con las desapariciones de mexicanos, como fue reclamado por parientes de desaparecidos. Lo realmente destacado de este asesinato es que los propios narcotraficantes entregaron a cinco personas con una carta de justificación y disculpa, explicando que habían actuado sin permiso, pues “Se activaron bajo su propia determinación e indisciplina y contras las reglas en que el CDG (Cártel Del Golfo) ha operado siempre, respetando la vida y la integridad de los inocentes.”*

Los 5 delincuentes entregados por el cártel fueron vinculados a proceso, con lo cual, por un lado, se legaliza la actuación de los delincuentes que “respetan la vida de los inocentes”, convirtiéndolos en fuerzas del orden, más capaces que las fiscalías, guardia nacional y policías encargadas de estos delitos. No sólo en el discurso, también en las acciones prejudiciales y ya en las judiciales los cárteles son más efectivos que el Estado Mexicano pues, incluso, entregaron una de las armas usadas en los delitos, con otras que, si se investiga y hay un Registro de balística criminal, sin duda podrán ligarlas a otros crímenes.

El análisis conjunto de los hechos es inevitable. El Estado Mexicano y el cártel en cuestión tienen intereses comunes: son eficaces sólo cuando quieren; tienen un discurso idéntico (“respetar la vida de los inocentes”) y, salvo en los delitos contra estadounidenses, están impuestos a seguir con sus respectivas agendas discursivas y de negocios (uno por omisión y otro por sobrada acción).

En el libro “DERECHO Y SOCIEDAD notas para entender la realidad”, coordinada por Samuel Hernández Apodaca (Edit. Paideia Mx) se dan algunas posibilidades para reaccionar a este hecho que pronto dejó los reflectores nacionales, pero cuyas consecuencias en los familiares de los asesinados y en la relación binacional continuarán por años, con la posibilidad de que incidan en acciones de política criminal, al menos estadounidense.

Se analiza la desobediencia civil cuando la realidad es ajena a la norma legal y su aplicación (en parte, por la falta de un Estado que vincule las leyes con las necesidades sociales verdaderas), pero en un caso como el de Matamoros, donde hay dos estructuras de poder y una se hace obedecer con la violencia que debería ser monopolio legal del Estado, más le vale a esa población obedecer los toques de queda y pagar el derecho de piso, pues las consecuencias de la desobediencia son brutales; a menos que opten por migrar, como ha sucedido en muchas ciudades del país.

En otro ensayo se propone anteponer la educación y la planeación pública a mediano y largo plazo para erradicar la corrupción. Indudable acierto, salvo que todo indica que no es con el Estado con quien habría que hacer tales planes.

Quizás, como plantea el doctor Silvino Vergara Nava, cuando políticos y población comprendan que los derechos no son normas, sino principios ineludibles que deben protegerse dentro y fuera de las leyes, otra realidad enfrentará esa delincuencia, hoy capaz de funcionar mejor que diversas estructuras estatales, vista su permanencia, su control social y su capacidad de imponerse sin atender a ningún derecho fundamental. La gravedad de comparar lo sucedido en Matamoros con la regular inmovilidad gubernamental (salvo en el discurso) en la resolución de crímenes de este tipo (secuestro y homicidio) en el resto del país, plantea la posibilidad de que en otros lugares simplemente cambie el nombre de la estructura paralela de poder y que revertir esa situación sea sólo una legítima aspiración, apenas comprensible en hipótesis académicas de Teoría del Estado.

*Aristegui noticias 20/3/2023

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