CAMBIOS EN EL PODER JUDICIAL
FEDERAL: LO CONOCIDO Y LO DESCONOCIDO
Ricardo Guzmán Wolffer
Largamente
anunciados por el Ejecutivo federal y por los Senadores, los cambios en el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se han dado desde el inicio de la actual
administración, encabezada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
No
sólo se hizo una disminución salarial a Ministros y Consejeros, también se
redujeron plazas en el PJF. Los concursos para Jueces y Magistrados Federales
se han modificado y, por primera vez, se hacen concursos exclusivos para
mujeres. Todo esto se ha publicitado.
Algunos
cambios trascendentales apenas se conocen fuera del CJF. Las adscripciones de
titulares se han modificado. Cada miércoles hay readscripciones, ya sea por
quejas de litigantes o trabajadores, por posibles actos de nepotismo o
corrupción o por conflictos de intereses, entre otros. Los cambios no son
gratuitos. Se hace un estudio previo y, con independencia de las posibles
responsabilidades administrativas o de otra índole (penal, laboral, etc.) se
hace la readscripción. En muchos casos existen procedimientos disciplinarios o investigaciones
sobre tales titulares.
El
CJF tiene el cuidado de no colocar un Magistrado señalado como corrupto para
sustituir a otro señalado como corrupto. Ninguna utilidad tendría ese cambio.
Se busca evitar el nepotismo de un Magistrado (comprobada o en vías de
demostrarse), por ejemplo, sustituyéndolo por un titular sin esa
característica. Son estos últimos los afectados, al menos temporalmente.
Estas
acciones han cimbrado a muchos Jueces y Magistrados, y más de uno optará por
pedir licencia antes que dejar a su familia, ante el riesgo de trasladarla a
zonas con altos índices de violencia.
A
las altísimas cargas laborales, los cotidianos riesgos de lidiar con
delincuentes en todas sus variantes, el menoscabo de salud por jornadas
laborales sostenidas y una vigilancia tanto del CJF como del personal a su
cargo, Jueces y Magistrados añaden ahora la posibilidad de ser readscritos a
otros estados de la República sin su solicitud y sin haber sido sancionados
administrativamente. A lo que cabe añadir que, ni siquiera bajo el actual
salario autoasignado por el Presidente de la República, con sus prestaciones,
ningún juzgador gana más que el titular del Ejecutivo Federal.
Los
cambios en el Poder Judicial Federal son profundos. Incluso sin que lo
mencionen senadores o diputados.
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“El Pluriverso de los derechos
humanos” de Boaventura de Sousa Santos y Bruno Sena Martins (editores) de Edit.
Akal, México, 2019, contiene varios ensayos sobre los derechos humanos (DH) y
cómo deben verse desde nuevos ángulos.
El
discurso colonial de los DH, la dificultad de situarlos en todos los estratos
sociales, muchos no considerados por carecer de exposición mediática y por no ser
acogidos favorablemente en la academia son apenas algunos temas aquí expuestos.
La categoría de lo humano y lo subhumano permea a esos derechos cuyas voces se
interponen a la “monocultura del tiempo lineal”; la exposición del sufrimiento
lucha contra el tiempo del olvido: las protestas cobran un significado mayor al
de la relación sociedad-políticos. Se cuestiona “la obsesión por la resistencia
y la creación de utopías” para buscar la negociación, social y conceptual de
esos DH. Mientras el racismo subsiste como gen social, nunca individual, éstos
buscan nuevos caminos para su comprensión y difusión.
Un
texto notable para la asimilación consciente de aquello que nos es inherente.
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EDITORIAL
Ninguna otra
entidad pública resiente más la falta de información y el discurso público que
el Poder Judicial Federal. Se le califica mal por políticos.
En
el Consejo de la Judicatura Federal, dejan el cargo los consejeros Pérez Daza y
Borrego Estrada, enviados por el Senado. El primero informó la existencia de
9849 procedimientos de responsabilidad administrativa de 2014 a la fecha. Únicamente
hubo 247 sancionados: el 2.5%.
El
pasado 5 de este mes, en este diario se informó que, según la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2018, 7 de cada 10
mexicanos piensan que los jueces son corruptos y 45% tiene poca o nada confianza en ellos.
La
realidad del 2.5% de funcionarios sancionados choca contra la percepción pública
del alto grado de corrupción judicial. Además, de ese 2.5%, no todas las
sanciones son por conductas graves, que ameritaran el señalamiento de corruptos;
son errores y omisiones administrativos.
Los jueces
federales son confiables.
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